Todavía no están convocadas las elecciones generales, pero, por si acaso, hay que ir haciendo el balance de gestión del ”gobierno más progresista de la historia de España”.
Ocho años después de la moción de censura que desalojó a Mariano Rajoy de La Moncloa, Pedro Sánchez se ha convertido en el presidente con más tiempo ininterrumpido en el poder desde Felipe González. Llegó en 2018 con un Gobierno sin Presupuestos propios y se va en 2027 habiendo aprobado solo tres. En medio, una pandemia, dos guerras, un volcán, una DANA y 80.000 millones de fondos europeos.
El balance no admite lecturas simples, pero hay un hilo que marca este periodo de 8 años: lo que nos prometió en sus campañas electorales para conseguir el voto, -y por eso le voté- y lo que yo llamo compromiso contractual programático, es decir, lo que acabó aplicando.
RESPECTO AL ESTADO SOCIAL: EMPLEO, PENSIONES, ECONOMÍA, VIVIENDA, EXCLUSIÓN SOCIAL Y POBREZA
Con la excepción del primer año de pandemia- -COVID- 2020, en el que la economia decayó en un -10,9% , España encadenó cinco años creciendo por encima de la media europea. Durante el primer trimestre de 2026, se ha alcanzado la cifra de 22,3 millones de ocupados y 25 millones de activos, todo un récord histórico.
Aún así, el paro sigue en 2,7 millones de personas y no baja del 10%.
El salario mínimo interprofesional (SMI) se incrementó desde los 735 euros de 2019 a los 1.184 euros actuales, y las pensiones desde los 950 euros a los 1.400 euros en ese mismo período.
Pero tener un empleo o una pensión no te garantiza salir de la pobreza.
La tasa AROPE, que es el indicador oficial para medir la tasa de pobreza material en España y en la UE, nos situaba en el 26,1% en 2018, y en el 25,7% en 2025. Es decir, en España se contabilizan 12 millones de personas pobres, prácticamente los mismos que cuando este gobierno empezó a gestionar la cosa pública.
Según EUROSTAT, la pobreza infantil continúa en un 28,4% , afectando a 14 millones de niños, lo que nos situa en el deshonroso puesto de co-campeones de Europa, junto a Bulgaria y Rumanía.
Esa tasa de exclusión y pobreza, afecta al 30% de nuestra juventud de entre los 18 y los 30 años.
El acceso a la vivienda se ha convertido en uno de los principales problemas de España. El metro cuadrado pasó de 1.608 euros en 2018, a 2.795 euros en junio de 2026, (+74%) El alquiler medio de una vivienda de 80m2 es de 1.131 €, y sube hasta los 1.550 € si esta residencia es en Madrid, Barcelona o Baleares.
EUROSTAT y el Observatorio de Emancipación del Consejo de la Juventud en España, sitúa en un 15% el numero de jóvenes de esa franja de edad que viven fuera del hogar familiar, mientras que los que no se pueden emancipar, asciende a 6 millones de jóvenes, un 85%. Nuevamente volvemos a ser campeones de Europa en precariedad laboral y capacidad de emancipación de nuestros jóvenes, junto con Croacia y Grecia. Triste honor.
Los preciós de los productos de primera necesidad han evolucionado al alza en un 27% desde 2018 hasta hoy, perdiendo poder adquisitivo los salarios medios, con la única excepción del SMI.
El gobierno hizo una notable revalorización de las pensiones, justo un mes antes de las elecciones generales del 2023 –casualidades de la vida…- y desde 2021 se legisló la obligatoriedad de las actualizaciones anuales con el IPC (impuesto de precios al consumo). No obstante siguen pendientes la equiparación de las pensiones mínimas no contributivas, jubilación e invalidez, de 628 €, con el SMI de 1.184 €
Esta gran contradicción entre lo que España ha crecido económicamente y lo que invierte en bienestar y cuidado de sus niños, jóvenes y mayores, es un insulto para la inteligencia, y resulta absolutamente indignante para la sensibilidad de las personas que votamos a la izquierda política, y que tenemos claro que ambos problemas se resuelven con voluntad política, es decir, priorizándolos con las partidas de inversión de los PGE.
TRES GRAVES INCUMPLIMIENTOS RESPECTO AL PROCESO DE SECESIÓN DE CATALUÑA
Es bien sabido que el espectacular aumento de votos de CIUDADANOS se debió a su firme postura de defensa del órden constitucional durante el proceso de secesión de Cataluña 2015-2019, donde alcanzaron 4 millones de adhesiones.
Sánchez les copió el discurso y nos pidió el voto en novembre 2019 con estas promesas:
“Puigdemont es un prófugo y nosotros le haremos comparecer ante la justícia” "Yo me comprometo hoy y aquí a traerlo de vuelta".
Una vez en el gobiernos, no solo se olvidó de su promesa, si no que en 2024 Puigdemont se rió de la Justicia y dejó en ridículo al Gobierno de España, volviendo a Barcelona, donde dio un mitin y se fue sin ser detenido, al contar con la pasividad y la aquiescència de los CFSE.
Durante esa misma campaña electoral de 2019 Sánchez negó la posibilidad de que durante su gobierno se concedieran indultos a los condenados por los Tribunales. Después de perder las elecciones, negoció con los propios sediciosos sus indultos, a cambio del apoyo de sus respectivos partidos para su investidura como presidente del gobierno. Tan solo 18 meses después, en junio de 2021 indultó a los 9 líderes del procés.
En la campaña electoral del 23 de junio de 2023, nos volvió a engañar, prometiéndonos que su “Línia roja era la amnistia”, ya que esta "no cabe en un régimen democrático". Tan sólo 5 meses después, en noviembre de 2023, registró la Ley de Amnistía pactada con ERC y Junts, que posteriorment exoneró a 400 condenados.
Esos gravísimos engaños a la ciutadania, esas estafas contractuales a los votantes y a sus propios compañeros de filas, han tenido consecuencias, internas para el PSOE, y externas en cuanto a la pérdida de apoyos electorales en las 4 elecciones autonómicas últimas.
EL LEGADO INTERNO EN EL PSOE
En la Ponencia Marco del 40º Congreso -debate iniciado en 2019- el PSOE prometió "impulsar la participación de la militancia" y "abandonar el modelo verticalista de dirección, arriba-abajo".
Muy lejos de complir esas promeses, el estilo de organización, dirección y liderazgo interno en el PSOE, se convirtió en el más verticalista, cersarista y dictatorial de toda la historia del Partido.
Consciente de sus propios incumplimientos respecto a los acuerdos programáticos de sus Congresos, se zafó del control democrático de los organismos de dirección del PSOE, que son preceptivos en sus Estatutos y dejó de convocar y dar cuenta de sus decisiones personales a la Ejecutiva Federal del PSOE y al Comité Federal (máximo organismo entre congresos), que se iban enterando por la prensa de las decisions de su Secretario General, a los que “a posteriori” se les pedía sumisa aceptación y ratificación formal, bajo la amenaza de ser fulminados y excluidos de la dirección, y de ser etiquetados inmediatamente de traïdores a la causa y de colaboracionismo con la derecha.
Es un lugar común afirmar que todos los partidos políticos, cuando llegan al gobierno, aumentan exponencialmente su número de afiliados, por las levas que se apuntan siempre al caballo ganador, por ver si cae algo, “que hay de lo mío”, o por puro gregarismo. Pues bién, durante estos 8 años de cesarismo del “puto amo”, como gusta calificar Oscar Puente a Pedro Sánchez, ha sucedido justo todo lo contrario, ha descendido el censo de militantes.
En 2014, cuando Sánchez accedió a la Secretaría General, el censo era de 198.123 socios-cotizantes. En el Congreso de 2019 de computaron 178.651. En el de 2024 152.900. En la “larga marcha” de Sáchez, 45.223 afiliados se han quedado en el camino.
Las cifras comparativas de su gestión siguen dando escalofríos, cuando se comprueba que un PSOE, más presidencialista que nunca, ha perdido 4 elecciones autonómicas y ahora tan solo gobierna en 3 de las 17 CCAA. Los expresidentes socialistas han popularizado la frase: “Los votantes que quieren castigar a Pedro Sánchez le dan las patadas en nuestro culo”. De ahí la reclamación mayoritaria de candidatos a las alcaldias y a las presidencias autonómicas, para que las próximas elecciones generales se celebren antes de mayo de 2027, y no después.
POLÍTICA INTERNACIONAL: ESPAÑA MÁS DÉBIL FRENTE A MARRUECOS. EL CASO CEUTA Y EL SAHARA
El secretismo y la falta de transparència del gobierno respecto a nuestra política exterior con Marruecos, ha debilitado el posicionamiento de España frente a las reiteradas reivindicaciones del gobierno marroquí, respecto a la titularidad de las ciudades de Ceuta y Melilla. La estratègia de Marruecos es la misma que ya utilizaron para el Sahara español, primero ocupación “de facto”, después exigencia de reconocimiento oficial.
El 17 de mayo de 2021 se produjo una primera “invasión instrumental” de Ceuta. Entre 10.000 y 15.000 personas, de ellos 1.200 menores, cruzaron a nado, por que Marruecos retiró a su policía de la frontera. Se considero una represalia por haber acogido, por razones humanitarias, a Brahim Ghali, líder del Polisario, enfermo de covid, para ser tratado en un hospital español. El CNI concluyó que fue una "estrategia de presión" de Rabat para forzar el apoyo español al Sáhara, presión que efectivamente produjo los resultados esperados por el régimen alauita, en una decisión de Sánchez, sin ningún tipo de explicación ni previo aviso a su gabinete de gobierno, ni a la dirección de su propio partido, ni a la ciudadania española.
Sánchez tuiteó entonces: "Mi prioridad es devolver la normalidad a Ceuta" y declaró: "Ceuta es España. Seremos firmes para garantizar su seguridad ante cualquier desafío". Viajó a Ceuta, desplegó al ejército y se devolvieron 4.800 personas en pocos días. Pero el mensaje geoestratégico ya estaba dado. Altos mandos policiales admitieron entonces que "España puede reforzar la puerta, pero Marruecos sigue controlando los caminos".
La gestión judicial posterior agravó la sensación de debilidad: la devolución exprés de menores de 2021 acabó con la delegada del Gobierno y la vicepresidenta de Ceuta condenadas a 9 años de inhabilitación por prevaricación, al declarar el Tribunal Supremo las devoluciones como ilegales.
En marzo de 2022, 10 meses después de la crisis de Ceuta, Marruecos filtró una carta de Sánchez a Mohamed VI, donde España "considera la iniciativa marroquí de autonomía de 2007 como la base más seria, realista y creíble". Se rompía 46 años de consenso español -defensa del referéndum y neutralidad como potencia administradora según la ONU- sin debate previo en el Congreso, sin informar a su vicipresidenta de Unidas Podemos, ni a los aliados.
La consecuencia inmediata fue la ruptura con Argelia, primer proveedor de gas. Argel consideró el giro una "violación jurídica, moral y política" y una "fórmula ilegal e ilegítima". Cerró el gasoducto del Magreb, subió el precio del gas, suspendió el Tratado de Amistad y disparó la llegada de pateras a Baleares. España pasó de gas barato argelino a gas regasificado 3 veces más caro de los estadounidenses. EEUU, que sí reconoció la soberanía marroquí sobre el Sáhara en 2020, no premió el gesto: Blinken visitó Rabat y Argel en marzo de 2022 y evitó pasar por Madrid.
En julio de 2026 la historia se ha repetido, cuando 70.000 magrebís inundaron Ceuta, franqueando la frontera, con la total pasividad, cuando no la abierta colaboración, de la policía fronteriza de Marruecos y ante la impotencia de la policía española.
Una semana después se había producido la devolución en caliente de 66.000 inmigrantes. Cerca de 2.500 están en trámite de devolución, además de 1.500 menores, para los que el trámite judicial obliga a acoger en España.
A día de hoy, Ceuta y Melilla viven bajo la lógica que describió la Revista de Estudios en Seguridad Internacional: "Estas 2 ciudades se encuentran expuestas a los riesgos de presión que el reino de Marruecos puede aplicar en cualquier momento para condicionar la política exterior española".
De la promesa de 2018 de una política exterior "multilateral y basada en la legalidad internacional" hemos pasado a una política donde Marruecos puede "invadir Ceuta cuando le dé la gana".
LAS GUERRAS ACTUALES Y SUS EFECTOS COLATERALES EN ESPAÑA.
Respecto a los conflictos internacionales, el gobierno español nos ha ido dando una de cal y otra de arena.
En la guerra ruso-ucraniana actuó con total seguidismo respecto a EEUU la OTAN y la UE, obviando que tal conflicto se había iniciado en 2014 con un golpe de estado, patrocinado por EEE, contra el gobierno legitimo de Kiev, y con la matanza de la Casa de los Sindicatos en Odesa, a cargo de las ordas neonazis, que quemaron vivos a 48 personas e hirieron a 214, matanza que fue condenada por unanimidad por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Moscú protesto por del peligro de esa deriva fascista del gobierno ultraderechista contra parte de su población pro rusa, y aviso a EEUU y a la OTAN de que no permitiría que sus ejércitos se instalaran en la frontera rusa. El gobierno norteamericano excitó al gobierno de Kiev para que continuaran con sus provocaciones y se produjese una guerra que sirviese de campo de pruebas para un futuro conflicto global de la UE y la OTAN contra Rusia primero y contra China después. Esos eran los planes del Pentágono bajo el gobierno de Biden.
Efectivamente esa guerra que ya dura 4 años, está sirviendo para que EEUU haga negocio con la venta de armas. Para ello, el nuevo mandatario, D. Trump, exigió el drástico aumento del gasto militar de los 27 países de la UE, hasta el 5%, gasto que había que invertir obligatoriamente en comprarle las armas a EEUU, para enviarlas al gobierno de Zelenski.
Si bien el gobierno español hizo declaracions negándose a tal aumento del gasto militar, sí lo ha duplicado, y sigue apoyando sin reservas al gobierno de Kiev y alentando esa guerra, que ya está causando efectos colaterales graves en los respectivos paises de la UE,
España y la UE están haciendo un servil seguidismo del gobierno de Trump y están financiando una guerra que solo beneficia a EEUU y empobrece a Europa.
La cosa puede ir a peor. Ese polvorín puede detonar e incendiar toda Europa con el inicio de una 3ª Guerra Mundial, por lo quer España debiera reconsiderar su apoyo y posicionarse claramente como país neutral. No alineado con EEUU y la OTAN.
Precísamente esa ha sido la postura que ha adoptado el gobierno de España respecto a la guerra desatada por EEUU con el bombardeo continuado sobre Irán, desde hace 6 meses y la agresión permanente de Israel a sus paises vecinos en el Medio Oriente: Palestina; Cisjordania; Líbano; Siria; Irán; Yemen; Qatar. 20.900 ataques desde 2024, causando 71.000 muertes, solo en Gaza y decenas de miles en los 6 países colindantes.
Mucho más digna y plausible ha sido el posicionamiento del gobierno español respecto a la invasión de Gaza por Israel, calificando esta agresión como un genocidio que todavía hoy continúa, y reclamando el procesamiento del asesino Netanyahu, ante el Tribunal Penal Internacional por crímenes de lesa humanidad.
Desde la izquierda del PSOE reclamamos una posición mucho más clara y contundente del gobierno español, con una moción parlamentaria que exija la rotura de relaciones con el gobierno de Israel, como ya lo han hecho 14 países.
BALANCE FINAL
El balance final nos deja una España que presume mucho del crecimiento económico del PIB, pero que es incapaz de reduir la pobreza.
Donde el precio medio de la vivienda ha aumentado en un 45% y comprar un piso de 80 m2 cuesta 85.000 € más que en 2018.
Donde 45.000 afiliados socialistas se han ido desde que se prometió más democracia interna y lo que han recibido es más autoritarismo y más verticalismo
Donde lo que iba a ser "traer a Puigdemont", "no a los indultos" y "no a la amnistía" se convirtió en indultos y amnistia.
Donde lo que en mayo de 2021 era "defenderemos Ceuta con todos los medios" acabó en marzo de 2022 entregando la baza del Sáhara sin contrapartida y dejando a Ceuta y Melilla más expuestas que nunca a la presión de Rabat.
Con todos estos datos en la mano, tendremos que analizar muy bien que hacemos con nuestro voto en las proximas elecciones generales.
Javier Marín Vázquez
Publicado en CatalunyaPress el 31 de agosto de 2026. Ver el original: CatalunyaPress.