Ante la polémica que está levantando la nueva ley de educación; fijamos postura desde Líneas Rojas.
La eliminación de la vehicularidad del idioma español es un ataque contra la seguridad jurídica, y un grave error, porqué desarma a las familias qué en ejercicio de sus derechos, solicitan un aumento de las clases de sus hijos en el idioma común de todo el territorio nacional.
Desde hace ya muchos años el separatismo catalán viene trabajando para eliminar el idioma español de las escuelas catalanas, y eso le ha enfrentado a la sociedad civil, qué mediante recursos judiciales, ha conseguido que se declarara inconstitucional la obligación de que los hijos de las familias castellanoparlantes reciban la educación en el mal llamado modelo de “inmersión lingüística” que no es otra cosa que un modelo escolar monolingüe en catalán.
Dicho modelo provoca unas grandes bolsas de fracaso escolar en los niños de familias extranjeras y castellanoparlantes, sobre todo de clase trabajadora.
Esos efectos han sido acreditados en numerosos estudios educativos, e investigaciones, y suponen un atentado grave contra la igualdad de oportunidades, perpetuando una situación de dominación económica y social de la clase acomodada catalanoparlante.
La UNESCO tiene claras cuales son las directrices para una escuela de calidad con buen resultado: los primeros años deben ser en lengua materna principalmente e introducir la segunda lengua paulatinamente, hasta llegar a un sistema bilingüe/multilingüe.
Por eso proponemos que se enmiende esta ley añadiendo los siguientes artículos:
a.- Todas las comunidades autónomas tendrán que añadir en las hojas de preinscripción un apartado donde figuren las posibles preferencias de lengua de las familias. En esa lista de preferencias deberá figurar como mínimo la opción de que todas las lenguas oficiales en dicho territorio tengan un 25% de horas lectivas, y otra opción donde se pueda solicitar que estén en plano de igualdad, es decir las mismas horas lectivas en cada una de las lenguas oficiales; abandonando así de la etapa de discriminación positiva de los años 80, para llegar en esta nueva etapa a la convergencia lingüística del 50%
b.- Todas las comunidades autónomas estarán obligadas a atender las preferencias de los padres.
c.- La Alta Inspección Educativa, dependiente del Ministerio de Educación, deberá velar por el complimiento del artículo 3 de la Constitución: El castellano es la lengua española oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla. 2. Las demás lenguas españolas serán también oficiales en las respectivas Comunidades Autónomas de acuerdo con sus Estatutos. Para poder hacer efectiva esa labor de inspección, se elaborarán anualmente pruebas de lengua , iguales en todo territorio español, con el objetivo de evaluar, y si es necesario rectificar o reforzar, la política lingüística de los centros. Los resultados agregados de esas pruebas deberán hacerse públicos. Estas pruebas, al finalizar la secundaria obligatoria, serán equivalentes al nivel C de español y darán derecho a ese título.
Creemos que con estos cambios en la ley, el Ministerio de Educación tendría las herramientas para hacer cumplir los objetivos lingüísticos de conocimiento de lenguas indicados por la Constitución Española y se cumplirían las recomendaciones de la UNESCO.
Es imprescindible disponer de estas herramientas, dado que los partidos que gobiernan algunas administraciones autonómicas, parece que quieren usar esta nueva ley para impedir que se hagan efectivos esos objetivos. Dichas autonomías, entre ellas la catalana, creen erróneamente que esta nueva ley les habilitará para saltarse el artículo 3 de la CE. Obviamente, no es así, pero al haber una nueva ley será necesario reiniciar todo el recorrido de recursos judiciales para que los tribunales vuelvan a asentar la jurisprudencia constitucional, lo que de facto podría retrasar su aplicación varios años, sin contar con la conflictividad que se provocará al judicializar un conflicto político.
Por todo ello, exigimos a los grupos parlamentarios de izquierdas que establezcan en la ley los necesarios mecanismos de cumplimiento de la misma, respetando la Constitución y las recomendaciones pedagógicas de la UNESCO; evitando una nueva confrontación social en las AMPAS de las escuelas, entre los padres que quieren que se respeten sus derechos y las direcciones de los centros, dirigidos desde la Consellería d´Educació de la Generalitat, que tratan burlar las leyes y las sentencias judiciales para impedirlos.
Fuente: UNESCO, «La lengua de enseñanza».
Comunicado aprobado por el Secretariado de LÍNEAS ROJAS en su sesión del 10 de Noviembre de 2020
David González, presidente de Líneas Rojas en Cataluña
Javier Marín, copresidente de Roj@s en España
LÍNEAS ROJAS (antes ROJ@S) es una entidad con personalidad jurídica propia, que se fundó en 2016 y está situada a la izquierda del socialismo español
Imagen: Red rope, de Deavmi, licencia CC BY-SA 4.0, vía Wikimedia Commons.